Un abogado demandó a Almeida por presunta omisión del deber de perseguir delitos en el contrato a Luceño y Medina. Ahora un juzgado asegura que no pudo detectar la estafa antes que Anticorrupción.
La decisión cumple con la resolución parlamentaria de llevar a los tribunales los posibles 'pinchazos' a los móviles de más de 60 independentistas, iniciativa respaldada por PSC-Units, ERC, JxCat, CUP y comunes.
"ICC no puede hablar de la exigibilidad de los contratos en casos particulares”, afirmó la organización en un escrito aportado a la causa. Anticorrupción solicita aclarar las consecuencias de utilizar su logotipo.
Quiere saber si en 2020 existía en el consistorio un "correo electrónico general destinado a recibir" las ofertas de material sanitario y, en ese caso, solicita la "dirección concreta" y el "modo en que se publicitó".
La pasada semana, Calama decretó el secreto de esta investigación a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras admitir a trámite la inicial denuncia de la Abogacía del Estado.
Los hechos denunciados por el abogado de Puigdemont serán analizados por la magistrada Cristina Díaz, quien ha ocupado puestos en el Ministerio del Interior o en el Gobierno regional de Cristina Cifuentes.
De estar pendiente de si le imputaban a convertirse en uno de los testigos de relevancia para entender cómo fue la relación entre los comisionistas del 'pelotazo' de las mascarillas y el Ayuntamiento de Madrid.
El juez instructor Adolfo Carretero ha tomado declaración como testigo a la directora de la sucursal bancaria en la que el comisionista ingresó un millón de dólares por este contrato.
El magistrado le cita a declarar el próximo 12 de mayo como testigo por facilitar a los comisionistas el contacto de la encargada en el Ayuntamiento de Madrid de comprar mascarillas en marzo de 2020.
La empresaria e hija de Amancio Ortega acusaba a José Leyte de falsificar su firma para beneficiar la financiación de Room Mate, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no ve pruebas suficientes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha ordenado practicar averiguación patrimonial integral tanto de Luceño como de la mercantil Takamaka Invest.
El 'pinchazo' a sus dispositivos electrónicos coincide con un viaje que realizó a la isla lusa de Madeira en las mismas fechas en las que se negociaban los indultos a independentistas catalanes.
La defensa del empresario comunica "muy respetuosamente" al magistrado la imposibilidad de pagarla "si bien, tan pronto se disponga de patrimonio se atenderá a la solicitud".
Según asegura la Abogacía del Estado, los teléfonos móviles de Sánchez y Robles fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus entre los meses de mayo y junio de 2021.
El juez que investiga a los comisionistas del 'pelotazo' de las mascarillas en Madrid ha citado a María Díaz de la Cebosa, como testigo, el próximo 9 de mayo y estudia la situación procesal de Carlos Martínez-Almeida.
Convoca también a otros dos testigos y pide a las partes que se pronuncien sobre la condición que debería tener el familiar del alcalde de Madrid. Anticorrupción se opone imputar al gerente de la empresa funeraria.
La asesoría jurídica del consistorio se opone a ampliar la investigación al gerente de la Funeraria de Madrid por supuesto delito de falsedad en documento público y obstrucción a la justicia, como pedía Más Madrid.
El juez de Madrid ordena la retirada el pasaporte a los dos comisionistas imputados por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid con la compraventa de mascarillas en la primera ola de la pandemia.
El juez subraya que los comisionistas ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid su capacidad para conseguir material sanitario de primera necesidad "con ánimo de lucro, aunque aparentaban altruismo".
Así, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso de Vauras y el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona deberá investigar a Colau por presuntas coacciones y por presunta prevaricación administrativa.
El empresario se ha comprometido a aportar dinero a las cuentas embargadas hasta llegar a la cantidad que se le exige, mientras la Fiscalía pide que tome medidas para asegurar el reembolso de los 5,5 millones.
Los familiares de un usuario residencial de la Comunidad de Madrid habían pedido que la investigación se extendiera también a los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Justicia, Enrique López.
La citación se produce después de que una antigua escolta de Irene Montero declarase que supo que esta extrabajadora también cuidó de los niños de la ministra.
Un juez investiga los 6 millones de dólares que dos empresarios de la 'jet set' cobraron al Ayuntamiento de Madrid. Anticorrupción analiza el contrato del hermano de Díaz Ayuso y tiene pendiente otros del Gobierno.
El magistrado Adolfo Carretero, que ha admitido a trámite la querella de Anticorrupción, investigó el espionaje a Ignacio González, uno de los casos de bebés robados, e imputó al humorista Dani Mateo.
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