![Reyes Maroto](https://imagenes.lainformacion.com/files/image_150_113/files/fp/uploads/imagenes/2021/04/13/reyes-maroto-1.r_d.352-184-0.jpeg)
La oficina de incompatibilidades prevé remitir este mismo año informes específicos a todos los altos cargos de Gobierno y supervisores para alertarles de los asuntos sobre los que se deberían abstener.
La oficina de incompatibilidades prevé remitir este mismo año informes específicos a todos los altos cargos de Gobierno y supervisores para alertarles de los asuntos sobre los que se deberían abstener.
El partido pretende frenar de inmediato "la degradación democrática de las instituciones" y manifiestan que "jamás" participarán en la "compra de voluntades y presiones que sustentan el transfuguismo".
En 10 años, la mitad de los funcionarios -muchos con poca cualificación- se jubilará, un hecho que servirá para rejuvenecer la plantilla, atraer talento e impulsar modelos de selección más allá de las oposiciones.
La remodelación del gabinete que acarreará la salida de Illa, quien deja el Ministerio en el peor momento de la pandemia, incluye la entrada de Darias e Iceta. No habrá cambios en los ministerios de Estado.
Solicita establecer las medidas necesarias para que el personal acuda a partir de mañana a trabajar de forma presencial, si las circunstancias lo permiten.
Sánchez e Iglesias suman 730 eventuales, un 18% más que el Ejecutivo socialista en solitario y superando a los que tenían Rajoy, Zapatero y Aznar. Los ministerios del PSOE acaparan la mayoría y UP cuenta con 70.
Están reservadas para las subescalas de Secretaría-Intervención, Secretaría e Intervención-Tesorería y por territorios, las comunidades autónomas donde más puestos se convocan son Cataluña y Andalucía.
Los hombres prestan más servicios presenciales, mientras ellas atienden mayoritariamente a menores o mayores a cargo. Solo el 22% de los empleados públicos teletrabajan, pese a la emergencia sanitaria.
El Gobierno ha aprobado 18.266 plazas en la oferta de empleo público de 2020, 9.270 de las cuales permitirán el ingreso de nuevos funcionarios en la AGE. El sueldo mínimo es de 13.168,96 euros y el máximo de 61.838.
Rechazan la propuesta por no cubrir las necesidades estructurales y ser inferior a la del año pasado (19.688 plazas), poniendo en riesgo la "viabilidad" del Estado, según fuentes sindicales.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha iniciado esta semana los contactos con UGT, CCOO y CSIF, que elevan el número de plazas iniciales propuestas por el Ejecutivo.
El número de empleados públicos que realiza su empleo a distancia se mantiene en torno a una cuarta parte con los ministerios de Ciencia y Universidades como los que más lo aplican, por encima del 70%.
La Administración General del Estado llega al acuerdo con UGT y CSIF, mientras que Comisiones Obreras se queda fuera del entente.
Luis Martí, que fue responsable de evaluar las leyes y proyectos del Gobierno, se ha incorporado a la compañía presidida por José Manuel Entrecanales en calidad de director de Regulación.
Reconoce el teletrabajo como un derecho básico de todos los empleados públicos que tendrá carácter voluntario y reversible.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno asegura que es una posibilidad que sopesa el Ejecutivo para afrontar la nueva coyuntura económica.
UGT ha expresado su desacuerdo hacia el incremento y el hecho de que el nuevo texto tampoco recoge la propuesta de aplicar esta Ley al personal laboral de la Administración Pública.
Falla a favor del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y en contra de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI)
Los requisitos depende del tipo de oposición al que optes. En nuestro país existen tres categorías de oposiciones, aun así hay que cumplir algunas condiciones comunes.
El Ministerio advierte a los directores provinciales de que el acuerdo "no es de aplicación directa", que el personal está sujeto a las "necesidades del servicio" y que todavía debe negociarse en la Mesa Delegada.
La resolución entrará en vigor desde que se alcance la nueva normalidad, a partir del próximo día 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma.
El batallón de empleados al servicio de las administraciones públicas se mantuvo prácticamente estable desde el año anterior y su distribución fue muy desigual.
El Gobierno desvela que ha comenzado a abonar una indemnización a ocho altos cargos durante la anterior legislatura. Tienen derecho a cobrarla durante año y medio.
De los casi 180.000 trabajadores con los que cuenta la administración, más de 64.000 ya han vuelto a sus puestos físicos, mientras el 30% de las oficinas han vuelto a abrir.
Página 1 de 3